La reciente sanción impuesta por el gobierno de los Estados Unidos al ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, bajo la Global Magnitsky Act, ha generado reacciones diversas en Brasil. Aunque la medida estuvo dirigida a una autoridad específica, interpreto las señales que envía: la relación entre Brasil y Estados Unidos ha entrado en una zona de tensión inédita.

Es fundamental reconocer que las violaciones de los derechos humanos y del debido proceso deben ser combatidas, conforme a los principios legales e internacionales aplicables. Ninguna democracia sólida puede tolerar abusos institucionales. Sin embargo, el camino hacia la rendición de cuentas legítima no puede ser la escalada conflictiva entre naciones estratégicas, y menos aún en un momento de fragilidad geopolítica global.

Brasil y Estados Unidos son dos de las mayores economías de las Américas y comparten décadas de integración comercial, tecnológica, científica y cultural. Romper o debilitar esos lazos no beneficia a nadie: ni a los gobiernos, ni a los ciudadanos, ni a las empresas. Y es precisamente en este punto donde el sector empresarial de ambos países debe ejercer su papel histórico de liderazgo y moderación.

En las últimas décadas, las empresas se han convertido en actores centrales de la estabilidad institucional internacional. Son ellas las que financian la innovación, generan empleos, mueven las cadenas logísticas globales y garantizan la circulación de bienes, capitales y conocimiento. Cuando los conflictos entre Estados se agravan, son las empresas, y por ende las sociedades, las primeras en pagar el precio.

Los riesgos son fáciles de prever: eventuales sanciones económicas, barreras comerciales, rescisiones contractuales unilaterales, exclusiones financieras o incluso restricciones cambiarias. Escenarios que afectan tanto a multinacionales con presencia internacional como a pequeñas y medianas empresas dependientes de la tecnología o expuestas al sistema financiero global. La propia noción de previsibilidad jurídica y seguridad institucional, tan valiosa para el entorno empresarial, empieza a deteriorarse.

Por eso, es urgente que el empresariado brasileño y estadounidense se articule y actúe para proteger la estabilidad en las relaciones bilaterales. No se trata de tomar partido político, sino de afirmar valores esenciales: legalidad, equilibrio institucional, respeto a las normas internacionales y desarrollo económico sostenible.

El sector privado puede y debe ejercer presión constructiva sobre los gobiernos, advirtiendo que una ruptura entre dos naciones relevantes tendría impactos globales. La polarización, el aislamiento y las sanciones recíprocas no construyen prosperidad; solo profundizan la desconfianza, interrumpen los flujos comerciales y desaceleran economías ya presionadas por crisis recientes.

Preservar la estabilidad entre Brasil y Estados Unidos es preservar el propio sistema internacional de cooperación. Que el sector empresarial esté a la altura de su papel histórico y actúe, una vez más, como factor de equilibrio, diálogo y futuro.